La firma canadiense declaró  político al fallo de la Corte Constitucional. Barrera reitera que cumplirá la resolución.

Redacción Quito

El reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Quito constituye un evento político que altera las condiciones del contrato original, firmado en septiembre de 2002”, aseguró  Phillipe Baril, presidente del concesionario Quiport. Lo dijo durante una reunión que mantuvo la tarde y noche de ayer con el alcalde  Barrera.

Baril estuvo acompañado del abogado de las firmas  que contribuyen a financiar el aeropuerto que se construye en Tababela. 

Quiport asegura que en la notificación presentada se señala que de acuerdo con  las normas vigentes existe un plazo de 90 días para remediar esta situación  que atenta contra el contrato. Sin embargo, las decisiones de la Corte Constitucional son inapelables.

La declaratoria de “evento político” se dio por pedido unánime de las instituciones internacionales de crédito que extendieron a Quiport los préstamos que completan el financiamiento para la obra.  Estas entidades  son: Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y The Export-Import Bank (Eximbank) del Gobierno de los Estados Unidos,  Export Development Corporation (EDC), del Gobierno de Canadá y el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Quiport, el fallo de la Corte Constitucional, que es un ente de última instancia, contradice el texto del contrato y   los pronunciamientos del Procurador del Estado, incluido el actual, en los que se consideran dichas tarifas como fondos privados.
 
“Esta acción de la autoridad cambia en forma adversa la situación legal, económica y comercial del proyecto (…).   La construcción del nuevo aeropuerto sufrirá  daños económicos y comerciales”, manifestó  Baril.

El Alcalde dijo a este Diario que está obligado a cumplir lo que resolvió la Corte. “Lamento el pronunciamiento del concesionario en el día que les invité al diálogo y al proceso de renegociación”.

Barrera reiteró que siguen  los trámites administrativos para  recaudar las tasas aeroportuarias, que son, según el fallo de la Corte, recursos públicos.

El contrato blinda al concesionario  en caso de terminación. Según el Acuerdo para la Resolución de Desacuerdos, el surgimiento de un evento político o la falta de consenso debe resolverse con un arbitraje internacional.

En el contrato reza que si la concesión termina, la Corporación Aeropuerto de Quito (Corpaq) asumirá las obligaciones de los préstamos de Quiport (hasta la fecha) y pagará a la firma canadiense un monto igual al capital neto (USD 617 millones, costo total de la obra). Y, según lo firmado, los servicios aeroportuarios seguirán a cargo del concesionario.

A juicio de Barrera, un evento político no es la única causal para la terminación del contrato.

Fuente: El Comercio. Quito, Ecuador.