Varias instituciones coordinan acciones antes de que inicie el nuevo año lectivo.

El Municipio de Quito tiene listo un plan para el retorno de niños y jóvenes a los establecimientos educativos. Este tiene dos objetivos: gestionar adecuadamente el incremento de tráfico en los primeros días del nuevo año lectivo y garantizar la seguridad de quienes utilizan el servicio.

Según el plan, cada unidad escolar debe pertenecer a una de las 44 operadoras legalizadas (recuadro).

Además, la escuela o colegio contratante debe verificar que cada bus tenga en su parabrisas delantero el adhesivo de la revisión técnica vehicular emitido, en el segundo semestre de 2009, por la Corporación para el Mejoramiento del Aire (Corpaire).

Este requisito certifica que las unidades tienen medidas de seguridad como vidrios laminados, cinturones  y emisiones óptimas de desempeño ambiental.  La Policía controlará estas unidades en las instituciones educativas, cuando inicien las clases. El presidente de la Federación Nacional de Transportistas Escolares e Institucionales (Fenatei), Víctor Bonifaz,  manifiesta que tienen implementado un programa de actualización de conocimientos de estas normativas. “El programa se realizó entre diciembre de 2008 y marzo pasado. Y desde la semana anterior estamos en reuniones de trabajo con el Ministerio de Educación, la Policía  y la Dirección Nacional de Tránsito para organizar talleres de capacitación. Uno de los cuales se hará este jueves”.

Bonifaz  comenta que se ha modernizado el parque automotriz a través del plan Renova del Gobierno. “Se han cambiado 400 unidades pese a  que el 80%  está  en buen estado”. En Quito se han registrado 2.763 unidades de este tipo.

De otro lado, Pablo Cabrera, presidente de Cititestudy, comenta que el cobro de  tarifas depende de la situación económica familiar. “En el colegio Americano pagan hasta 70 dólares por alumno y en la escuela Velasco Ibarra, al sur, hasta 12 dólares”. Agrega que hasta el momento el Consejo Nacional de Tránsito pide llevar a un niño por asiento.

Para Estela Campos, madre de Anita, quien está  en primero de básica,  estos controles deberían aplicarse durante el año. “Hay instituciones donde aún contratan furgonetas privadas no escolares”. Con esto coincide el conductor Omar Velásquez, para él hay establecimientos privados que cobran mucho dinero a los padres  y a ellos les pagan mensualmente por cubrir una ruta. “En un colegio  (se reservó el nombre) cobran hasta 60 dólares por transportar a un niño y tercerizan a otra persona para que adquiera las unidades. Al conseguir la movilización, ellos se quedan con la ganancia”.  

Compañías y cooperativas legalizadas