Para Narciza Montenegro especialista en comercio internacional, Colombia está en su derecho de poner medidas ante los aranceles  que tomó el Gobierno ecuatoriano. 

Redacción Tulcán

Ecuador puso una salvaguardia a 1346 productos colombianos y la reacción de las autoridades del vecino país fue cerrar el paso  a los víveres ecuatorianos. 

¿Cuán perjudicial resulta que el comercio binacional esté sujeto a estos caprichos?

Colombia está en su derecho de poner medidas ante las que tomó el Gobierno ecuatoriano.  Estas son las consecuencias de las decisiones que el Gobierno impuso desde enero,  con el incremento de aranceles a las importaciones.  Ahora,  con la  salvaguardia  cambiaria a Colombia  se disminuirá el ingreso de  frutas, productos terminados, confecciones, confitería y repuestos de vehículos. Eso, en la práctica,  es menos empleo, menos circulante... 

Al no pasar estos productos al Ecuador,  se frena el intercambio comercial. ¿Cuáles son las repercusiones?

Las que ya se sienten en la frontera.  Hay importadores que desde que se impusieron los aranceles en enero ya  no volvieron. Otros prefieren llevar sus mercaderías por vía marítima. Quienes  vivimos del comercio internacional y generamos fuentes de empleo en Carchi no somos tomados en cuenta. Nadie nos pregunta nada, lo que hacen es enviar medidas restrictivas y tenemos que acatarlas. En estos casos, a la realidad se la ve diferente desde Quito y Bogotá. Los gobiernos se olvidan de la gente, de quien tiene que buscar el pan del día. 

Pero el Gobierno defiende su posición y asegura que lo hizo para proteger a la industria nacional...

La industria nacional no está en capacidad para vender productos terminados, hace falta inversión de capitales, no hay proveedores que cubran la demanda.  El Gobierno se escuda  diciendo que  se beneficia a la producción nacional, pero nosotros que palpamos con importadores y exportadores sabemos que no es así.
Hace falta generar fuentes de empleo e inversión. Antes de proteger a la producción nacional, primero hay que invertir en ella. 

Entonces, ¿se puede pensar que el bloqueo comercial en la frontera se debe a la crisis diplomática?

Eso es  demás obvio. Si se lo hacía para  beneficiar al sector, se tenían que buscar otras alternativas.  En la frontera se vive del intercambio comercial y así ha sido siempre, pero la actual situación  agrava la crisis económica.  Hay gente desempleada, negociantes que reclaman, pero  a las autoridades de ambos países no les interesa.  Como siempre, el ciudadano de a pie tiene que dar la cara ante estas decisiones, a él se le complica más la vida.

¿ Qué repercusiones generarán en el mediano plazo las actuales restricciones que rigen en la frontera colombo-ecuatoriana? 

Tendremos  un incremento del contrabando y de la corrupción. Quienes vivimos en la zona de  frontera sabemos cómo se maneja el contrabando. En este sistema no solo se involucran los pequeños negociantes. Hay ocasiones en las cuales están implicadas autoridades que ejercen el control en los puestos de vigilancia.  Se ha denunciado que ellos cobran para que los vehículos pasen con las mercaderías. Con la prohibición,  esta tendencia puede crecer. La verdad es que la persona que depende solo de esa actividad comercial buscará todas las formas posibles para vulnerar el control. 

Por el Puente Internacional de Rumichaca no solo fluye el comercio binacional, hay un intercambio social y cultural que relaciona a los vecinos de ambos países. ¿En qué perjudica este bloqueo a la convivencia?

Las relaciones de amistad en las ciudades fronterizas  no van a cambiar. La gente sabe que las medidas son políticas y que en nada alterará la convivencia. Lo que molesta es que se pone en riesgo a personas que históricamente han estado abandonadas y relegadas del progreso. Si no se levanta la restricción, en pocos días seremos testigos del incremento de la violencia, habrá más enfrentamientos. Todas esas personas, poco a poco, se integrarán al cuartel de los desempleados.
   
El comercio binacional   a menor escala está atravesando por un serio riesgo. ¿Hay más riesgos a la vista?

Por supuesto. En el momento  que toda la gente que depende del intercambio comercial sienta que ya no tiene dinero para dar de comer a sus hijos, hasta se puede producir una explosión social. Pero esto no se toma en cuenta antes de ejecutar decisiones que alteran la cotidianidad de las personas. Los decretos no deben ser impuestos, deben ser debatidos y acordados.

Fuente: El Comercio. Quito, Ecuador