Varios expertos aseguran que el país perderá el ‘know how’ que traen las empresas extranjeras. Mientras Alafar apoya la medida adoptada por el Gobierno.

Redacción Negocios

El decreto presidencial que reemplaza las patentes de  unas  200   medicinas por licencias obligatorias genera un debate abierto en torno a sus  beneficios y consecuencias.

La Asociación Latinoamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar), en un comunicado de prensa, declaró su apoyo a la medida del Gobierno, pues el actual proceso de patentes no ha permitido un desarrollo adecuado de la oferta de productos farmacéuticos en el mercado.

Este sector considera que todo el proceso de patentabilidad que incentive la formación de monopolios es perjudicial. Al eliminarlos se incrementará la competencia y  habrá una reducción de los costos finales al consumidor

Según un análisis del mercado ecuatoriano, realizado por la Intercontinental Marketing Services (IMS), en el país opera un total de 243 empresas farmacéuticas, de las cuales 66 son nacionales. Entre todas mueven, anualmente, alrededor de USD 720,5 millones. Y solo las nacionales comercializaron durante el año pasado USD 126,7 millones.
    
De ahí que los industriales farmacéuticos nacionales, liderados por Renato Carló, prevean que se dinamizará la competencia y se generarán miles de nuevos empleos, 12 000 más según sus estimaciones iniciales. “Operamos al 40% de nuestra capacidad, por lo que sabemos que podremos enfrentar el reto”, dijo Carló.

Sin embargo, varios expertos en materia de propiedad Intelectual avizoran un problema que se ha quedado en segundo plano.

Para Francisco Villacrés, experto del Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B., el impacto va a sentirse en una  reducción del conocimiento que gana   el país a través de las patentes. Las transnacionales dejarán de solicitar patentes en Ecuador  porque en cualquier momento se  podría cambiar a una  licencia. El país pierde porque no se podría utilizar ese conocimiento que traen las empresas extranjeras”.

Fernando Benítez, experto de Estudio Legal (Eslegal), comparte este mismo temor. “Hay quienes dicen que las transnacionales en el país han lucrado mucho, pero más allá de eso  ninguna de ellas  querrá   registrar sus inventos aquí   debido a  la inseguridad jurídica, lo cual  también implica menos  inversión. Añade que  no podrán  hacer ningún reclamo porque la Constitución está por sobre los tratados internacionales.

De hecho,  el decreto del Ejecutivo que posibilita la eliminación de patentes se basa en  el artículo 31 de las  normas sobre Aspectos Relacionados al Comercio de la Propiedad Intelectual (Adpic) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que faculta al país a adoptar la medida.

Para la ministra de Salud, Caroline Chang,  la eliminación de patentes  pondrá fin a un sistema absurdo que encarece las medicinas y solo favorece  a las grandes corporaciones, las cuales   perciben cantidades millonarias  por derechos de propiedad intelectual.

Fuente: El Comercio. Quito, Ecuador.