Calzado, ropa, electrodomésticos, maquinaria y vehículos son parte de las mercancías que mensualmente la Aduana incauta en las fronteras, puertos y aeropuertos al detectarse un presunto delito aduanero.

Esas cargas, que permanecen en las bodegas de la institución hasta que la Fiscalía resuelva si procede o no su devolución a los aparentes importadores, superan  los $ 10 millones.

La mercadería incautada tiene en promedio más de un año y, en algunos casos, pasa de los cinco debido a que aún no se resuelven los procesos judiciales. Hasta agosto pasado, la Corporación Aduanera  presentó 2.649 denuncias por presuntos delitos aduaneros.

Para evitar la saturación de las bodegas, la administración plantea, a través de un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Aduanas, que el Estado use las mercancías incautadas una vez que la Fiscalía inicie los procesos de instrucción, sin que se tenga que esperar un fallo.

Bajo este mecanismo, por ejemplo, si la Aduana incauta cien computadoras, el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad estatal podrá requerir esos aparatos, dando previamente los fondos equivalentes de esos equipos.

Si la justicia determina al final del proceso que el importador tenía la razón y no existía delito aduanero, el Estado tendrá la obligación de cancelar el valor de la mercancía que fue incautada y que utilizó, más los respectivos intereses.

Santiago León, gerente de la Aduana, aseveró que también plantean una transitoria para que toda la mercancía que ha sido retenida pueda tener el mismo tratamiento que la carga que se incaute una vez que entre en vigencia la nueva Ley Orgánica propuesta.

Los cambios, sin embargo, tienden a preocupar a algunos sectores. Sobre este aspecto, Javier Díaz, presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador, afirmó que el destino que se pretende dar a las cargas decomisadas es un tema delicado.

“En caso de que no se controle adecuadamente se puede convertir en una fuente de corrupción  también dentro de las instituciones públicas que, sin justificar, pidan cierta mercancía. Son cosas que hay que ir evaluando”, sostuvo.

Otro de los cambios que recomienda la Aduana sobre la mercancía retenida es que el remate de esos bienes sea concesionado a la empresa privada, como por ejemplo, las almaceneras. Eso, según León, puede dar más agilidad al proceso.

La base de las subastas será el valor de la mercancía fijado por la aduana  más el costo de los posibles tributos. Dentro de las subastas, la carga se dará al mejor postor.

El sector privado analiza esta propuesta para dar sus recomendaciones.

Cifras: Delito aduanero

150 Salarios.
La mayor parte de casos en los que se presume delito va a la  Fiscalía. Ahora la Aduana sugiere que se considere delito la diferencia de los tributos que sea mayor a 150 salarios básicos ($ 30 mil). Esos casos irían al fiscal.

 Fuente: El Universo. Quito, Ecuador.